La crisis de gobernabilidad en Sinaloa y el papel del Estado
Yessica De Lamadrid cuestiona la distinción entre ejercer el mando y gobernar ante la compleja situación de seguridad en Sinaloa.
La actual crisis de seguridad en Sinaloa ha puesto en el centro del debate público la capacidad institucional del gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Moya. En días recientes, figuras del análisis político, como Yessica De Lamadrid, han planteado una reflexión crítica sobre la línea que separa el ejercicio de la autoridad formal de la realidad operativa en el territorio. El cuestionamiento central apunta a si las instituciones locales mantienen el control efectivo o si existen fuerzas externas que dictan la cotidianidad de la entidad.
El debate surge en un momento donde la presencia de la Guardia Nacional y las fuerzas federales ha sido reforzada para contener focos de violencia persistentes. La distinción que propone De Lamadrid sugiere que, mientras el Ejecutivo estatal ostenta el cargo y las facultades constitucionales, la gobernabilidad real se ve comprometida cuando los ciudadanos no perciben una garantía de seguridad y paz social. Esta diferenciación pone a prueba la estructura del pacto federal y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Analistas señalan que la falta de control territorial no solo afecta la percepción pública, sino que paraliza actividades económicas y sociales en diversos municipios sinaloenses. La propuesta de diversos sectores de la sociedad civil es la implementación de una estrategia integral que trascienda la presencia militar, enfocándose en la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las policías municipales, las cuales se han visto superadas por la delincuencia organizada en repetidas ocasiones.
Por su parte, el gobierno estatal ha reiterado su disposición para colaborar estrechamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la SEDENA en operativos conjuntos. Sin embargo, la persistencia de los hechos violentos refuerza la tesis de que la autoridad civil enfrenta un reto complejo para recuperar la legitimidad y el ejercicio pleno del poder. La interrogante sobre quién gobierna realmente en Sinaloa sigue vigente mientras las políticas públicas actuales luchan por recuperar la estabilidad.
Finalmente, el caso sinaloense subraya la urgencia de redefinir las estrategias de seguridad pública en estados con alta incidencia delictiva. La gobernabilidad, entendida como el cumplimiento de las funciones del Estado para garantizar la integridad de los ciudadanos, continúa siendo la asignatura pendiente ante un escenario donde la línea entre el mando institucional y la influencia de grupos fácticos parece desdibujarse día con día.
