Mineros en Sinaloa exigen justicia y condiciones de seguridad laboral
Colectivos y trabajadores mineros solicitan al gobierno de Claudia Sheinbaum garantías de seguridad ante la violencia que afecta al sector en Sinaloa.

Familiares de mineros desaparecidos y asesinados en Sinaloa se han manifestado esta semana para exigir que los casos no queden archivados como simples estadísticas. La movilización busca visibilizar la situación de vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores de la industria extractiva en la entidad, donde la inseguridad ha derivado en múltiples incidentes de alto impacto en los últimos meses.
Ante este panorama, representantes de la industria minera han solicitado formalmente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se establezcan protocolos de seguridad reforzados. La petición subraya la necesidad urgente de una mayor presencia de la Guardia Nacional en las zonas de extracción, argumentando que las operaciones actuales se desarrollan bajo un riesgo constante para el personal operativo.
Los sectores afectados proponen la creación de una mesa de diálogo permanente entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las cámaras empresariales del sector. El objetivo de esta propuesta es coordinar estrategias de inteligencia que permitan prevenir actos de violencia y asegurar que los centros de trabajo no sean utilizados por grupos ajenos a la actividad minera.
Por su parte, las autoridades estatales han señalado que se mantienen las investigaciones para esclarecer los crímenes reportados en diversas minas de la región. La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las diligencias correspondientes, mientras los colectivos de víctimas insisten en que el acompañamiento institucional debe ser constante para evitar la impunidad en cada uno de los expedientes abiertos.
La industria minera en México sostiene que la estabilidad del sector es fundamental para la economía nacional y el desarrollo local de las comunidades. Por ello, instan a las autoridades federales a priorizar la seguridad en los estados con mayor incidencia delictiva, buscando que los trabajadores puedan ejercer sus labores sin temor a represalias o ataques directos contra su integridad física.

