Moody’s advierte que reformas judiciales limitan la inversión privada en México

La agencia calificadora Moody’s informó este domingo que la inversión privada en México continúa limitada debido a las recientes modificaciones en el sistema judicial. De acuerdo con el análisis de la firma, la reestructuración del Poder Judicial y cambios en el marco normativo han incrementado la incertidumbre entre los inversionistas respecto al cumplimiento de contratos y la seguridad jurídica a largo plazo. Este panorama se presenta en un momento donde el sector privado analiza con cautela el entorno regulatorio para sus planes de expansión.

El reporte destaca que, además de los ajustes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, existen otras reformas estructurales que han influido en la percepción del riesgo país. Según la agencia, la acumulación de cambios legislativos ha generado dudas sobre la estabilidad de las reglas del juego para el capital nacional y extranjero. Esta situación complica la previsibilidad que requieren las empresas para comprometer recursos en proyectos de infraestructura y manufactura en las distintas entidades federativas.

En cuanto a las garantías jurídicas, el documento subraya que la confianza del mercado es un componente esencial para el crecimiento económico sostenido. La agencia advierte que, mientras persistan las inquietudes sobre la independencia judicial y el respeto a los acuerdos comerciales vigentes, el flujo de nuevas inversiones podría mantenerse bajo niveles óptimos. La incertidumbre se traduce en una actitud de espera por parte de los agentes económicos, quienes aguardan mayor claridad sobre la aplicación de las nuevas leyes.

Por su parte, las autoridades hacendarias han reiterado en diversas ocasiones que el marco legal busca fortalecer la soberanía y la justicia social en el país. Sin embargo, los analistas insisten en que cualquier proceso de ajuste institucional debe garantizar la certeza jurídica para evitar contracciones en sectores clave. El diálogo entre el sector público y los representantes del empresariado permanece como un punto focal para intentar estabilizar las expectativas económicas para el cierre del año.