Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a Maru Campos

Un grupo de ciudadanos afectados por las irregularidades operativas del crematorio Plenitud, ubicado en el estado de Chihuahua, solicitó formalmente a la gobernadora Maru Campos que emita una disculpa pública en nombre del estado. Los demandantes argumentan que la falta de supervisión adecuada y las omisiones administrativas durante el funcionamiento del establecimiento vulneraron la dignidad de las familias y el respeto debido a los procesos funerarios de sus seres queridos. La petición surge tras meses de litigio y señalamientos sobre las condiciones en las que operaba dicho recinto.

Los representantes de las familias afectadas señalaron que el objetivo de esta solicitud es que el gobierno estatal reconozca las fallas institucionales que permitieron la operación de este centro sin cumplir con las normativas sanitarias y ambientales vigentes. Según los denunciantes, la disculpa pública representaría un acto de reparación simbólica necesario para cerrar un proceso marcado por la incertidumbre y la falta de información clara sobre el destino de los restos entregados a las familias.

Por su parte, el equipo de comunicación de la administración estatal ha indicado que se encuentran revisando las peticiones de los grupos organizados para evaluar los cauces legales correspondientes. Las autoridades han manifestado que el proceso de investigación sigue su curso a través de la Fiscalía General del Estado, la cual mantiene abiertas las carpetas de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en contra de quienes resulten involucrados en la gestión del crematorio.

La controversia ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las inspecciones por parte de la Secretaría de Salud estatal y las autoridades municipales en los establecimientos de servicios funerarios. Los colectivos han reiterado que, independientemente de los procesos judiciales, la respuesta política es indispensable para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de regular este tipo de servicios funerarios en la entidad.

Finalmente, los afectados han propuesto la creación de una mesa de diálogo permanente con autoridades de la Secretaría General de Gobierno para asegurar que los protocolos de verificación se cumplan estrictamente. Confían en que la administración estatal acceda a las peticiones planteadas, permitiendo que el caso siente un precedente sobre la importancia de la supervisión gubernamental en servicios que afectan directamente a la población en momentos de vulnerabilidad.