Ingenio San Pedro no cerrará; Grupo Porres devuelve instalaciones a la Federación
El ingenio San Pedro evitará su cierre definitivo tras un acuerdo para devolver las instalaciones a la administración federal, buscando proteger la estabilidad laboral en la región.

El ingenio San Pedro, pilar económico en su zona de influencia, mantendrá sus operaciones tras concretarse la devolución de sus instalaciones por parte de Grupo Porres al Gobierno Federal. Esta decisión busca frenar el cese de actividades que amenazaba con dejar sin sustento a cientos de familias dedicadas a la producción azucarera, garantizando la continuidad de las labores en la planta. Representantes del sector confirmaron que el objetivo prioritario del Ejecutivo es la reactivación integral de la maquinaria y la preservación de los empleos directos e indirectos que dependen de la zafra.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha dado seguimiento puntual a este proceso de transición administrativa. La mandataria estatal ha planteado la posibilidad de que, una vez estabilizada la situación operativa y financiera del ingenio, la administración de la planta sea transferida posteriormente a las autoridades del estado de Veracruz, permitiendo una gestión más cercana a las necesidades de los productores locales y los trabajadores de campo.
El proceso de entrega-recepción se lleva a cabo bajo la supervisión de las autoridades federales competentes, quienes han enfatizado que la prioridad es evitar cualquier interrupción en la cadena productiva. La intervención busca resolver los conflictos acumulados que pusieron en riesgo la viabilidad del complejo industrial, permitiendo que el ingenio retome sus ritmos de producción habituales antes de que comience el siguiente ciclo agrícola.
Por el momento, los trabajadores y cañeros de la región han manifestado su expectativa ante el cambio de administración, confiando en que esta medida permita la recuperación de los niveles de ingresos y la certidumbre laboral necesaria. Se espera que en las próximas semanas se definan los lineamientos técnicos para la operatividad a largo plazo, mientras las autoridades mantienen mesas de diálogo con los diversos actores involucrados para asegurar la estabilidad social en los municipios afectados.


